El Centro de Estudios Sociales del Noreste recibió al exconsejero presidente del Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde, quien presentó un análisis en tiempo real sobre la reforma electoral impulsada por el gobierno federal, particularmente el denominado “Plan B”. La exposición se construyó a partir de un hecho relevante: la iniciativa se dio a conocer minutos antes de su participación, lo que permitió una lectura inmediata sobre su alcance, sus riesgos y sus implicaciones para el sistema político mexicano.

Ugalde planteó que, en contraste con las previsiones de meses anteriores, la reforma representa un impacto menor al anticipado. En evaluaciones previas —como el reporte de riesgos políticos de Integralia para 2026— se consideraba como el principal riesgo para el país, por su potencial de alterar las reglas democráticas. Sin embargo, la versión presentada resulta más acotada. Este ajuste reduce el nivel de riesgo esperado dentro de un entorno político que mantiene tensiones relevantes.

Para explicar este desenlace, reconstruyó el proceso de intentos de reforma desde 2022. El llamado “Plan A” proponía cambios constitucionales de fondo, como la elección por voto popular de consejeros del Instituto Nacional Electoral. Al no alcanzar la mayoría requerida en el Congreso, el gobierno transitó al “Plan B”, una reforma legal que posteriormente fue invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación debido a fallas en el procedimiento legislativo. Más adelante, el “Plan C” buscó una mayoría legislativa suficiente para retomar estos cambios, aunque la reforma electoral quedó momentáneamente fuera por la necesidad de preservar la estructura del INE ante la elección judicial.

En el nuevo intento, ya durante la administración de Claudia Sheinbaum, la propuesta inicial incluyó modificaciones relevantes, como la eliminación de legisladores plurinominales y ajustes a la estructura del INE. No obstante, estas medidas se diluyeron ante la falta de consenso dentro de la coalición gobernante, en particular por la postura del Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo. El resultado, según Ugalde, es una reforma limitada, sin profundidad estratégica y con efectos marginales.

A pesar de esta valoración, el exconsejero identificó un punto de preocupación: la propuesta de adelantar la consulta de revocación de mandato a 2027. Este mecanismo, incorporado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fue concebido como una herramienta ciudadana. Sin embargo, su aplicación en 2022 evidenció su uso como instrumento de movilización política. Su eventual coincidencia con las elecciones intermedias podría alterar la competencia electoral, al introducir una dinámica plebiscitaria que desplazaría el debate local hacia una lógica nacional centrada en la figura presidencial.

Ugalde advirtió que este escenario permitiría una participación más activa del Ejecutivo en el proceso electoral, bajo el argumento de responder a la revocación, lo que generaría ventajas indebidas y tensiones en la equidad de la contienda. Al mismo tiempo, implicaría riesgos para el propio gobierno, al exponer niveles de aprobación en contextos regionales diversos.

En un plano más amplio, el análisis situó la reforma dentro de un proceso de concentración de poder asociado a dinámicas populistas. No obstante, señaló que este proceso ha encontrado límites en factores estructurales, como la necesidad de preservar la inversión privada y la relevancia del tratado comercial con Estados Unidos. Estos elementos han contribuido a mantener cierto equilibrio en la conducción económica y política del país.

En este contexto, planteó una reflexión dirigida al sector empresarial: la relación entre certeza y democracia. En el caso mexicano, ambas variables se encuentran vinculadas. La reducción de contrapesos institucionales tiende a generar mayor incertidumbre, debido a la discrecionalidad en la toma de decisiones y al debilitamiento de mecanismos de control.

Finalmente, Ugalde proyectó el escenario hacia 2027. Considera probable que Morena conserve la mayoría electoral, aunque con un margen más estrecho que en 2024, lo que podría abrir espacios para una recomposición parcial de los contrapesos en el Congreso y en gobiernos locales. Este ajuste no implicaría un cambio de régimen, pero sí una oportunidad para fortalecer el equilibrio institucional.

La conclusión de la sesión apunta a un escenario intermedio: la reforma electoral actual no transforma de manera estructural el sistema, pero tampoco corrige sus debilidades. La democracia mexicana se mantiene con riesgos latentes y con márgenes de competencia aún vigentes. Esta condición representa, al mismo tiempo, una señal de alerta y una oportunidad para preservar y fortalecer los equilibrios institucionales en los próximos años.